Las consecuencias del choque abrieron a Vicenç las puertas del quirófano y también las de salida de la Guardia Urbana. Tras el accidente fue operado por el aplastamiento de un pie que los médicos tuvieron que reconstruir. Un año después, estando fuera de servicio, recayó de sus heridas al intentar reducir a un ladrón tras un tirón en el metro de Collblanc. Nueva baja y sentencia definitiva: «Me echaron del cuerpo tras ser reconocido oficialmente como discapacitado y pese a haber sufrido el accidente en pleno acto de servicio», relata el diario El Mundo.

 

La negativa del Ayuntamiento de Barcelona a otorgar a Vicenç la segunda actividad -una vía reconocida legalmente por la que se destina a agentes de policía y bomberos a otras tareas por razones de edad o discapacidad física- no es única. Como él se encuentran más de dos decenas de agentes de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y de policías locales catalanas. Un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) enviado el pasado 1 de septiembre a la ONU denuncia la situación de los agentes en situación de incapacidad laboral. Un escenario que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas deberá valorar si, como sostiene el informe, es «discriminatoria» por el trato que desde hace años dispensan la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y consistorios catalanes a agentes que sufren accidentes en cumplimiento del deber o fuera de su horario.

 

El informe basa sus argumentos en situaciones como la que describe el ex agente de la Guardia Urbana al recordar su caso: «Te quitan la placa, el uniforme, la pistola y te vacían la taquilla.Finalmente te envían una carta en la que te dicen que estás fuera y que ya no sirves para ningún trabajo. Para ni una sola plaza en todo el Ayuntamiento de Barcelona».

 

Desde que fuera expulsado del cuerpo con una discapacidad del 33% reconocida por el Institut Català d'Avalucions Mèdiques (ICAM) de la Generalitat y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),Vicenç cobra el 55% de su salario. «Habrá quien pueda llegar a pensar que es una ventaja. Pero necesito sesiones diarias de fisioterapeuta y tratamiento».

 

Tras quedarse desamparado por la administración se volcó en la presidencia de la asociación AIL-POLD que, en colaboración con plataformas 'hermanas' formadas por Mossos d'Esquadra y Bomberos, reclaman a las administraciones que «se ponga fin a la discriminación» a agentes de los cuerpos de seguridad y emergencias en toda Cataluña.

 

Según los cálculos de la organización, en la actualidad «sólo hay 25 agentes» en todo el territorio que reclaman ser situados en segunda actividad o en cargos de la administración que puedan desempeñar. Entre 2000 y 2014 se registraron 300 discapacidades, según cifra Flores. Para el portavoz de AIL-POLD, también existe una cuota imposible de contabilizar. «Hay quienes esconden enfermedades psíquicas. O lesiones que afectan a su pericia con el tiro o a su trabajo diario». Ninguno de ellos, sostiene, habla por «temor a que les retiren las placas, los aparten del servicio o los expulsen de las plantillas policiales».

 

El informe remitido a la ONU centra su denuncia también en el caso de un agente de la policía local de Figueres. El 13 de febrero de 2008 Jordi Morales sufrió un accidente en el que se vio implicado un conductor borracho. Desde entonces se encuentra en silla de ruedas con una discapacidad reconocida del 60%, sin que el ayuntamiento haya dado cumplimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad -reconocido por el Gobierno y la Generalitat- aludiendo a un decreto de la ley de policías locales de Cataluña y, por tanto, inferior a la normativa nacional y autonómica. Según el informe, «lamentablemente el ayuntamiento ha desoído el enfoque de derechos humanos que establece la Convención».

 

En el caso de los Mossos, aunque los agentes no son expulsados, el informe denuncia que las «desigualdades» se concentran en el traslado forzoso a «actividades no policiales». Una reconversión que llega acompañada de una pérdida de salario. El CERMI recuerda que ya remitió un escrito a la Generalitat. La respuesta del Departament d'Interior, sostiene, «manifiesta un profundo desconocimiento tanto del enfoque de los derechos humanos como de los mecanismos de garantía de la igualdad y no discriminación».